Por Rogerio Valdez Arias
Dos años después, Culiacán sigue intentando acostumbrarse a una realidad que nunca debió convertirse en cotidiana: calles bajo tensión, negocios que bajan sus cortinas antes de tiempo, familias que modifican sus rutinas y una ciudadanía que aprendió a preguntar primero si una zona es segura antes de decidir si puede transitar por ella.
El llamado “Culiacanazo” no fue solamente una jornada de violencia. Fue también el comienzo de una etapa que dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones frente al poder de los grupos criminales y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una crisis mucho más prolongada.
La confrontación entre las facciones identificadas públicamente con Los Mayos y Los Chapos convirtió a Sinaloa, y particularmente a su capital, en escenario de una disputa que no eligieron los ciudadanos, pero cuyas consecuencias han tenido que pagar.
Y ahí está precisamente uno de los mayores reclamos que deberían hacerse en este segundo aniversario: la población no puede ser la variable de ajuste de una guerra que no le pertenece.
Culiacán ha tenido que aprender a vivir entre bloqueos, enfrentamientos, desapariciones, homicidios, desplazamientos y una sensación de incertidumbre que termina afectando incluso a quienes nunca han tenido relación alguna con el mundo delictivo.
El daño tampoco puede medirse únicamente en estadísticas.
Está en el comerciante que teme abrir su negocio; en el padre que recibe un mensaje de su hijo preguntando si ya puede regresar a casa; en la familia que dejó de salir por las noches; en los jóvenes que ven limitada su libertad; y en una sociedad que poco a poco corre el riesgo de normalizar lo que debería seguir siendo inaceptable.
Ese es quizá el rostro más peligroso de la violencia: cuando deja de sorprender.
Las autoridades de los distintos niveles de gobierno han anunciado operativos, despliegues, detenciones y estrategias. Pero para el ciudadano común, la pregunta sigue siendo mucho más sencilla: ¿cuándo podremos recuperar nuestra ciudad?
Porque la seguridad no puede evaluarse solamente por el número de elementos desplegados o por los decomisos realizados. También debe medirse por la posibilidad de que una familia pueda salir a cenar, que un estudiante pueda regresar tranquilo a casa, que un empresario pueda invertir y que un trabajador pueda recorrer la ciudad sin preguntarse qué está ocurriendo unas calles más adelante.
Culiacán no puede resignarse a vivir bajo el miedo.
El segundo aniversario del Culiacanazo debería servir para algo más que recordar aquellas imágenes de calles convertidas en escenarios de confrontación. Debería ser un momento para revisar qué falló, qué se ha corregido y, sobre todo, qué falta por hacer.
Porque mientras las facciones criminales disputan territorios y poder, el verdadero territorio que debe recuperar el Estado es el de la tranquilidad de sus ciudadanos.
Sinaloa necesita resultados, no discursos.
Necesita instituciones fuertes, policías respaldadas, inteligencia, coordinación entre autoridades y una estrategia que ataque las estructuras criminales sin abandonar a las comunidades que han quedado atrapadas en medio de la confrontación.
Pero también necesita recuperar algo que las balas no deberían haberle arrebatado: la confianza.
Culiacán es mucho más que violencia. Es una ciudad de gente trabajadora, empresarios, comerciantes, estudiantes, deportistas, periodistas, profesionistas y familias que quieren vivir en paz.
Dos años después, la pregunta permanece sobre la mesa:
¿Cuánto tiempo más tendrá que pagar Culiacán el precio de una guerra que nunca pidió?
La respuesta no puede esperar otros dos años.