Por:Rogerio Valdez
En política, pocas cosas son definitivas. Los escenarios cambian al ritmo de los acontecimientos y, en ocasiones, una sola declaración puede modificar la narrativa que parecía inamovible.
Eso es precisamente lo que comienza a ocurrir alrededor del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Hace apenas unas semanas, el ambiente político parecía marcar el ocaso de su carrera. Las acusaciones surgidas desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, provocaron que solicitara licencia para separarse del cargo y facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Desde entonces, el debate se centró más en las especulaciones, que en las pruebas.
Sin embargo, el tablero comenzó a moverse nuevamente. Las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto al caso de Ismael «El Mayo» Zambada, abrieron un nuevo capítulo, al insistir en que diversas versiones sobre la participación de autoridades estadounidenses no corresponden a la realidad, alimentando un debate que continúa desarrollándose entre ambos gobiernos.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República informó públicamente que, hasta este momento, no existen datos de prueba que permitan imputar al gobernador con licencia por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La autoridad aclaró que la investigación sigue abierta y que continúa integrando elementos, pero también dejó claro que hoy no cuenta con evidencia suficiente para sostener una acusación penal.
En política, la percepción pesa, pero las instituciones están llamadas a resolver con pruebas, no con conjeturas, esa diferencia puede convertirse en el principal argumento para quienes consideran que Rubén Rocha Moya, podría regresar al Gobierno de Sinaloa, si el proceso continúa sin derivar en una imputación formal.
Naturalmente, un eventual regreso no estaría exento de desafíos.
La crisis de seguridad que enfrenta el estado, el desgaste político de los últimos meses y la polarización generada por el caso, obligarían a reconstruir la confianza ciudadana y a retomar una agenda enfocada en la gobernabilidad.
Pero también es cierto que, mientras no exista una resolución judicial que determine responsabilidades, cualquier valoración política deberá partir del principio de presunción de inocencia, en un Estado de derecho. Las investigaciones deben concluir con pruebas y resoluciones, no con sentencias anticipadas dictadas desde el debate público.
Por ahora, el escenario sigue abierto. La FGR mantiene su investigación y la opinión pública continuará atenta a cada paso del proceso, no obstante, si las indagatorias no arrojan elementos para ejercer acción penal, el regreso de Rubén Rocha Moya, dejaría de ser una simple especulación para convertirse en una posibilidad política real.
En Sinaloa aún no está escrita la última página de esta historia. Y, como ocurre con frecuencia, en la política mexicana, los capítulos finales suelen ser muy distintos de los primeros.