La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) denuncia que se rompieron todos los protocolos en la detención de dos estudiantes de preparatoria con abuso y uso excesivo de la fuerza lo que pudiera constituirse en una conducta constitutiva de delito, además considera que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa debería intervenir en defensa de los derechos de los jóvenes por ser menores de edad.
El Secretario General de la institución, doctor Robespierre Lizárraga Otero reiteró que se manifiesta la inconformidad por el trato que se le dio a los jóvenes por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal y expuso que son prioridades señaladas por el Rector Jesús Madueña Molina y plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de Futuro 2025 y en el Nuevo Modelo Educativo la integridad física y psicológica de su comunidad más cuando se trata de los estudiantes.
Indicó que por eso al ver que se trataba de una detención al parecer “arbitraria y violenta” es que se atendió de inmediato por el área jurídica, independientemente del deslinde de responsabilidades, y aseguró que se tiene una relación buena con la Policía Municipal y una buena coordinación en el resguardo de las instalaciones universitarias que se agradece, pero cuando hay un error o exceso se tiene que señalar.
Por su parte el licenciado Carlos Alfonso Ontiveros Salas, integrante del equipo de abogados defensores de la UAS, opinó que el actuar de los policías se pensó que eran prácticas ya desterradas, pues en este caso someten entre varios elementos a un menor de edad, que no estaba armado y no agredía a nadie.
Ontiveros Salas afirmó que la conducta de los elementos municipales pudiera considerarse constitutiva de delito.
“Así es, hay una Ley nacional del uso irracional de la fuerza, aquí en el contenido de esta Ley se establecen toda la serie de procedimientos bajo los cuales debe de operar la función policial hasta el momento incluso de llegar el momento de la fuerza letal, aquí está lejísimos el poder pensar que pudo haber sucedido una situación de esa naturaleza porque es un muchacho de 15 años, es un menor, es una persona que no reflejaba ningún comportamiento que pusiera en riesgo la seguridad de los demás, menos aún de los propios policías”, dijo.
“El hecho de haberle aplicado un candado en el cuello para poder incapacitarlo, es decir dejarlo absolutamente rendido y sin movimiento, eso pone en riesgo la propia salud y seguridad personal de quien fue objeto de esa acción violenta por parte del policía”, expresó.
Se rompieron todos los protocolos, precisó, porque el policía debió haber agotado primero una misión de diálogo, verificar qué estaba haciendo, en qué circunstancia y por qué estaba ahí y si había una situación rara a juicio del policía, pero no se dio nada de eso.
“¿Sería conducta constitutiva de delito esta acción de los elementos policiales? claro que sí, hay un abuso, hay un exceso, se rompieron protocolos en cuanto a la dinámica que debe observarse de parte del personal policial (…) hay una Ley Nacional que protege a niños, niñas y adolescentes, en este caso el alumno es adolescente, tiene 15 años, él tiene todo el derecho a que se protejan sus derechos humanos (…) lamentablemente y estoy seguro que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes no ha tenido el más mínimo interés de darle seguimiento a este problema (…) “esperemos que la Fiscalía de oficio haya abierto ya la carpeta de investigación y la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes esté teniendo participación de este tema”, opinó.