Por: Rogerio Valdez
Por décadas, el 7 de junio ha sido una fecha para reconocer uno de los derechos fundamentales de toda democracia: la libertad de expresión. Instituida en México desde 1951, esta conmemoración recuerda que una sociedad libre solamente puede construirse cuando sus ciudadanos tienen la posibilidad de opinar, cuestionar, denunciar e informar sin temor a represalias.
La Constitución mexicana protege este derecho en sus artículos 6 y 7, mientras que diversos tratados internacionales lo consideran una garantía indispensable para la vida democrática.
Sin embargo, cada año esta fecha deja de ser únicamente una celebración para convertirse en una reflexión obligada sobre los desafíos que enfrenta el periodismo mexicano. La libertad de expresión no se mide por los discursos oficiales ni por los reconocimientos entregados en ceremonias públicas; se mide en la capacidad real de periodistas y ciudadanos para expresar sus ideas sin censura, intimidaciones o violencia.
En México, ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo. La violencia, las presiones políticas, los intereses económicos y las amenazas provenientes de grupos criminales siguen representando obstáculos para quienes tienen la responsabilidad de informar. Organismos públicos y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la integridad de quienes ejercen esta profesión.
En Sinaloa, la conmemoración adquiere un significado todavía más profundo. Se trata de una tierra donde el periodismo ha tenido que desarrollarse en medio de complejos escenarios de inseguridad y tensión social. Los comunicadores sinaloenses han sido testigos directos de acontecimientos que marcan la vida pública del estado, enfrentando jornadas extenuantes y, en muchos casos, riesgos personales para llevar la información a la ciudadanía.
La historia reciente demuestra que la libertad de expresión en Sinaloa no puede darse por garantizada. Existen preocupaciones permanentes sobre la seguridad de los periodistas y sobre iniciativas que podrían afectar el libre flujo de información si no son discutidas con responsabilidad y apertura. Diversas organizaciones y actores sociales han señalado la importancia de evitar cualquier medida que pueda interpretarse como censura o limitación al debate público.
Por ello, el verdadero homenaje a la libertad de expresión no consiste solamente en entregar reconocimientos o pronunciar discursos.
El compromiso debe traducirse en condiciones reales para que periodistas, reporteros, fotógrafos, columnistas y comunicadores puedan desarrollar su labor con seguridad, independencia y respeto.
Este 7 de junio, México y Sinaloa tienen motivos para reconocer la labor de quienes informan. Pero también tienen la obligación de recordar que la libertad de expresión es un derecho que debe defenderse todos los días. Porque cuando una voz es silenciada, pierde el periodista; cuando se limita la crítica, pierde la sociedad; y cuando el miedo sustituye a la verdad, pierde la democracia.
La libertad de expresión no es un privilegio de los medios de comunicación. Es el derecho de todos los ciudadanos a conocer, cuestionar y participar. Y mientras existan periodistas dispuestos a contar la realidad, incluso en las circunstancias más difíciles, seguirá existiendo la esperanza de una sociedad más libre, más informada y más democrática.